viernes, 04 de noviembre de 2005
Che que boluuuuuuudo! PARTE VI y fin
El fin del milagro económico argentino empezaba en 1998 y culminaría en la crisis de 2001.
¿Qué pasó en esos tres años de descenso al abismo?
Carga de endeudamiento cada vez mayor.
El gasto gubernamental como porcentaje del PIB del país aumentó del 9,4 por ciento en 1989 al 21 por ciento en el año 2000. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB disminuyó de un promedio del 9 por ciento registrado entre 1991 y 1994 a un crecimiento negativo o insignificante a partir de mediados del año 1998.
La falta de crecimiento económico, junto con un incremento en el gasto del gobierno, generó un déficit fiscal que creció del 0,15 por ciento del PIB en 1994 al 2,4 por ciento del PIB en el año 2000. Para lograr el equilibrio fiscal sin distorsionar la economía, el gobierno pudo haber optado por reducir el gasto. En su lugar, prefirió financiar el déficit aumentando los impuestos y endeudándose con los mercados financieros y el FMI. El aumento de los impuestos fue una táctica errada ya que originó más evasión impositiva y sofocó a un sector privado ya perjudicado.
Regulación excesiva.
Como ya dijimos, la privatización debería ser el medio para crear un ámbito competitivo en el cual los productores estén motivados a mejorar sus productos al mismo tiempo que los consumidores se benefician con una mayor cantidad de opciones y precios más bajos. En Argentina, lamentablemente, gran parte de la privatización no promovió la competencia, sino que simplemente transfirió los monopolios del sector público al privado.
El sistema laboral de Argentina también se encuentra agobiado por las excesivas regulaciones que restringen la capacidad que tienen las empresas de regular sus contrataciones para adaptarse a los cambios del mercado. Esta situación ha obligado a gran cantidad de empresas y trabajadores a ignorar las leyes laborales al contratar empleados fuera del sistema legal mediante pagos en efectivo.
Lo más imperioso es reducir las remuneraciones y el número de empleados del sector público, especialmente en las provincias, ya que muchos de ellos no contribuyen a la producción y sólo sirven para aumentar el gasto público. Por ejemplo, en la provincia de Formosa aproximadamente la mitad de la fuerza laboral contratada formalmente está empleada por el gobierno. Según algunas versiones, muchos de estos trabajadores sólo se presentan una vez al mes para cobrar sus cheques.
Un estado de derecho débil.
Hubo una época, hace tiempo, en que el sistema judicial de Argentina era sólido y protegía vigorosamente los derechos de propiedad. En aquel entonces, también, Argentina se encontraba en el décimo lugar entre los países más ricos del mundo y la inversión extranjera impulsaba el crecimiento económico. Para algunos expertos en la historia del derecho, el Poder Judicial de la Argentina se debilitó luego de la Revolución de 1930, cuando la Corte Suprema reconoció como legítimo al primer golpe de estado militar inconstitucional. Era la primera vez que Argentina violaba su Constitución, sentando un precedente de debilidad que continúa hasta el día de hoy.
La debilidad en el estado de derecho, junto con una enorme burocracia, ha fomentado una cultura de corrupción que va desde los funcionarios públicos en los más altos cargos hasta el argentino común que debe manejarse a través de una amplia red burocrática. La gravedad de este problema se evidencia en el hecho de que el 82% de los habitantes de Argentina no confían en la efectividad del sistema judicial y, por lo tanto, no lo utilizan.
Esta desconfianza tiene consecuencias desastrosas sobre la capacidad del país para generar un crecimiento económico sostenido. Un sistema de justicia débil y sin transparencia aumenta el costo de hacer negocios en Argentina, socavando así un importante motor de crecimiento: la inversión local y extranjera. Al aumentar el riesgo, un estado de derecho débil socava por igual la confianza de los ciudadanos y de los inversores extranjeros para emprender actividades comerciales, ahorrar y hacer inversiones a largo plazo. El riesgo se incrementa debido a que la capacidad para buscar compensación o justicia para las acciones ilegales se ve obstaculizada cuando el sistema judicial no es fiable o se encuentra sujeto a la manipulación política.
Al imponer una excesiva carga impositiva, Argentina también promueve la actividad ilegal. Según un informe de la Fundación para la Investigación Económica de Latinoamérica (FIEL), la economía informal de Argentina alcanza un total estimado de $ 64.000 millones por año (lo que equivale a más del 23 % del PIB), de los cuales aproximadamente $ 15.000 millones provienen de la evasión impositiva. La crítica a los esfuerzos por combatir la evasión impositiva, ignoran el hecho de que la evasión es en primer lugar una reacción a los gravosos niveles impositivos que el gobierno impone para financiar el gasto público cada vez más oneroso.
El medio más efectivo para reducir la evasión fiscal es eliminar los alicientes para no declarar debidamente los ingresos, eliminación que se puede lograr mediante una reducción en la carga impositiva.
Barreras al libre comercio.
Argentina comenzó la reducción de aranceles durante la década del 80. La política comercial principal en los noventa era la participación del país en la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), que entró en vigencia en el año 1991. Mercosur prohibe las barreras comerciales entre las naciones miembros sobre aproximadamente el 85 por ciento de las partidas arancelarias y mantiene aranceles comunes y barreras comerciales contra los no miembros.
El bloque, que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ha alterado de manera significativa las relaciones comerciales de la Argentina. Antes del Mercosur, el comercio de Argentina con Brasil alcanzaba un promedio de aproximadamente el 11 por ciento del comercio total. Un año después del inicio del acuerdo de comercio preferencial en 1991, Brasil se convirtió en el socio comercial más importante de Argentina.
Si Argentina realmente quería abrir sus mercados hacia el libre comercio, el Mercosur no fue la estrategia correcta a seguir. Los miembros del Mercosur mantienen un alto arancel externo común (AEC) del 14 por ciento que inhibe el comercio con los países no miembros.
Además, la adopción del AEC , debilitó la capacidad de los consumidores para elegir entre los productos mejores y más baratos disponibles en todo el mundo y eliminó los incentivos para que los productores locales introdujeran innovaciones y mejoras para poder seguir siendo competitivos. Por otra parte, la interdependencia comercial entre los miembros del bloque hizo que cada uno de los países se volviera altamente vulnerable a los problemas económicos del otro.
Argentina, por ejemplo, experimentó una disminución del 24 por ciento en sus exportaciones al Mercosur en 1999, en gran parte debido a la devaluación del real contra el dólar que se produjo durante la crisis económica de Brasil en 1999.
Esa interdependencia también resulta perjudicial cuando, en circunstancias adversas, los miembros se niegan a cumplir íntegramente con sus compromisos tomados bajo el régimen del bloque. En suma, para Argentina Mercosur funciona como una prisión que limita el potencial del país para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Consecuencia a largo plazo de la convertibilidad
Cuando se tomó la medida, era absolutamente necesaria. Era cuestión de vida o muerte impedir que los políticos costearan sus fracasos con una política monetaria irresponsable y a la vez había que crear confianza en la moneda argentina ligándola al dólar.
Ahora esta política de "camisa de fuerza" se convirtió en un problema al convertirse en permanente. Vistas las pesadillas pasadas con la hiperinflación, pese a los problemas de la convertibilidad, nadie se atrevió a ponerle fecha de caducidad.
Esos problemas son tres:
1.- El peso está sobrevaluado con respecto a la fortaleza competitiva de la economía argentina. Lo que crea déficit fiscal y por cuenta corriente.
2.- Éste déficit se financió pidiendo préstamos y más préstamos luego para pagar los primeros. Ésta bola de nieve se aguantó hasta que los acreedores internacionales son conscientes del callejón sin salida, se plantan y cierran el grifo.
3.- Y esta es la tercera debilidad. Todo el sistema se aguanta en función de la confianza de la población, de las instituciones y de los expertos en la capacidad y la voluntad del Gobierno Argentino para mantener su política.
Cuando la confianza falla (La crisis rusa contribuyó a minar la fé en las economías emergentes, aquí sí que tuvieron mala suerte los argentinos), el sistema se derrumba.
Cuando no hay confianza en el futuro de un país y su economía, es sólo una cuestión de tiempo que la población desee retirar su dinero, convertirlo en dólares, sacarlo del país o emigrar ellos mismos.
Nadie presta dinero porque no confía en recuperarlo y el Gobierno ha de buscarlo donde sea, tomándolo de los ahorros de los ciudadanos: el famoso corralito.
Como os podéis imaginar los argentinos ya estaban bastante calientes y desesperados a estas alturas.
Por otro lado la tasa de desempleo se disparó en estos años del Gobierno de De la Rúa:
Cuando la ineficiencia de las empresas públicas y privadas se empezó a combatir y aumentó la productividad, se redujo el número de empleados. Quedó claro que el sector público era un absorbente del paro, contratándose a costa del Estado a mucha gente que no hacía nada.
Se redujeron las plantillas como digo, pero la economía y el mercado laboral no podían absorber a esos trabajadores en otras actividades al estar estancados y arrastrar los problemas estructurales que ya comentamos.
Hubo por tanto una explosión de paro y economía sumergida
El paro trajo a su vez un incremento brutal de los niveles de pobreza.
Todo este malestar, estos problemas, hicieron hervir la olla hasta que explotó en Diciembre de 2001 con los disturbios en los que 26 personas murieron y el Presidente De la Rúa tuvo que huir de la Casa Rosada en helicóptero.
Argentina había tocado fondo
¿Qué pasó en esos tres años de descenso al abismo?
Carga de endeudamiento cada vez mayor.
El gasto gubernamental como porcentaje del PIB del país aumentó del 9,4 por ciento en 1989 al 21 por ciento en el año 2000. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB disminuyó de un promedio del 9 por ciento registrado entre 1991 y 1994 a un crecimiento negativo o insignificante a partir de mediados del año 1998.
La falta de crecimiento económico, junto con un incremento en el gasto del gobierno, generó un déficit fiscal que creció del 0,15 por ciento del PIB en 1994 al 2,4 por ciento del PIB en el año 2000. Para lograr el equilibrio fiscal sin distorsionar la economía, el gobierno pudo haber optado por reducir el gasto. En su lugar, prefirió financiar el déficit aumentando los impuestos y endeudándose con los mercados financieros y el FMI. El aumento de los impuestos fue una táctica errada ya que originó más evasión impositiva y sofocó a un sector privado ya perjudicado.
Regulación excesiva.
Como ya dijimos, la privatización debería ser el medio para crear un ámbito competitivo en el cual los productores estén motivados a mejorar sus productos al mismo tiempo que los consumidores se benefician con una mayor cantidad de opciones y precios más bajos. En Argentina, lamentablemente, gran parte de la privatización no promovió la competencia, sino que simplemente transfirió los monopolios del sector público al privado.
El sistema laboral de Argentina también se encuentra agobiado por las excesivas regulaciones que restringen la capacidad que tienen las empresas de regular sus contrataciones para adaptarse a los cambios del mercado. Esta situación ha obligado a gran cantidad de empresas y trabajadores a ignorar las leyes laborales al contratar empleados fuera del sistema legal mediante pagos en efectivo.
Lo más imperioso es reducir las remuneraciones y el número de empleados del sector público, especialmente en las provincias, ya que muchos de ellos no contribuyen a la producción y sólo sirven para aumentar el gasto público. Por ejemplo, en la provincia de Formosa aproximadamente la mitad de la fuerza laboral contratada formalmente está empleada por el gobierno. Según algunas versiones, muchos de estos trabajadores sólo se presentan una vez al mes para cobrar sus cheques.
Un estado de derecho débil.
Hubo una época, hace tiempo, en que el sistema judicial de Argentina era sólido y protegía vigorosamente los derechos de propiedad. En aquel entonces, también, Argentina se encontraba en el décimo lugar entre los países más ricos del mundo y la inversión extranjera impulsaba el crecimiento económico. Para algunos expertos en la historia del derecho, el Poder Judicial de la Argentina se debilitó luego de la Revolución de 1930, cuando la Corte Suprema reconoció como legítimo al primer golpe de estado militar inconstitucional. Era la primera vez que Argentina violaba su Constitución, sentando un precedente de debilidad que continúa hasta el día de hoy.
La debilidad en el estado de derecho, junto con una enorme burocracia, ha fomentado una cultura de corrupción que va desde los funcionarios públicos en los más altos cargos hasta el argentino común que debe manejarse a través de una amplia red burocrática. La gravedad de este problema se evidencia en el hecho de que el 82% de los habitantes de Argentina no confían en la efectividad del sistema judicial y, por lo tanto, no lo utilizan.
Esta desconfianza tiene consecuencias desastrosas sobre la capacidad del país para generar un crecimiento económico sostenido. Un sistema de justicia débil y sin transparencia aumenta el costo de hacer negocios en Argentina, socavando así un importante motor de crecimiento: la inversión local y extranjera. Al aumentar el riesgo, un estado de derecho débil socava por igual la confianza de los ciudadanos y de los inversores extranjeros para emprender actividades comerciales, ahorrar y hacer inversiones a largo plazo. El riesgo se incrementa debido a que la capacidad para buscar compensación o justicia para las acciones ilegales se ve obstaculizada cuando el sistema judicial no es fiable o se encuentra sujeto a la manipulación política.
Al imponer una excesiva carga impositiva, Argentina también promueve la actividad ilegal. Según un informe de la Fundación para la Investigación Económica de Latinoamérica (FIEL), la economía informal de Argentina alcanza un total estimado de $ 64.000 millones por año (lo que equivale a más del 23 % del PIB), de los cuales aproximadamente $ 15.000 millones provienen de la evasión impositiva. La crítica a los esfuerzos por combatir la evasión impositiva, ignoran el hecho de que la evasión es en primer lugar una reacción a los gravosos niveles impositivos que el gobierno impone para financiar el gasto público cada vez más oneroso.
El medio más efectivo para reducir la evasión fiscal es eliminar los alicientes para no declarar debidamente los ingresos, eliminación que se puede lograr mediante una reducción en la carga impositiva.
Barreras al libre comercio.
Argentina comenzó la reducción de aranceles durante la década del 80. La política comercial principal en los noventa era la participación del país en la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), que entró en vigencia en el año 1991. Mercosur prohibe las barreras comerciales entre las naciones miembros sobre aproximadamente el 85 por ciento de las partidas arancelarias y mantiene aranceles comunes y barreras comerciales contra los no miembros.
El bloque, que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ha alterado de manera significativa las relaciones comerciales de la Argentina. Antes del Mercosur, el comercio de Argentina con Brasil alcanzaba un promedio de aproximadamente el 11 por ciento del comercio total. Un año después del inicio del acuerdo de comercio preferencial en 1991, Brasil se convirtió en el socio comercial más importante de Argentina.
Si Argentina realmente quería abrir sus mercados hacia el libre comercio, el Mercosur no fue la estrategia correcta a seguir. Los miembros del Mercosur mantienen un alto arancel externo común (AEC) del 14 por ciento que inhibe el comercio con los países no miembros.
Además, la adopción del AEC , debilitó la capacidad de los consumidores para elegir entre los productos mejores y más baratos disponibles en todo el mundo y eliminó los incentivos para que los productores locales introdujeran innovaciones y mejoras para poder seguir siendo competitivos. Por otra parte, la interdependencia comercial entre los miembros del bloque hizo que cada uno de los países se volviera altamente vulnerable a los problemas económicos del otro.
Argentina, por ejemplo, experimentó una disminución del 24 por ciento en sus exportaciones al Mercosur en 1999, en gran parte debido a la devaluación del real contra el dólar que se produjo durante la crisis económica de Brasil en 1999.
Esa interdependencia también resulta perjudicial cuando, en circunstancias adversas, los miembros se niegan a cumplir íntegramente con sus compromisos tomados bajo el régimen del bloque. En suma, para Argentina Mercosur funciona como una prisión que limita el potencial del país para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Consecuencia a largo plazo de la convertibilidad
Cuando se tomó la medida, era absolutamente necesaria. Era cuestión de vida o muerte impedir que los políticos costearan sus fracasos con una política monetaria irresponsable y a la vez había que crear confianza en la moneda argentina ligándola al dólar.
Ahora esta política de "camisa de fuerza" se convirtió en un problema al convertirse en permanente. Vistas las pesadillas pasadas con la hiperinflación, pese a los problemas de la convertibilidad, nadie se atrevió a ponerle fecha de caducidad.
Esos problemas son tres:
1.- El peso está sobrevaluado con respecto a la fortaleza competitiva de la economía argentina. Lo que crea déficit fiscal y por cuenta corriente.
2.- Éste déficit se financió pidiendo préstamos y más préstamos luego para pagar los primeros. Ésta bola de nieve se aguantó hasta que los acreedores internacionales son conscientes del callejón sin salida, se plantan y cierran el grifo.
3.- Y esta es la tercera debilidad. Todo el sistema se aguanta en función de la confianza de la población, de las instituciones y de los expertos en la capacidad y la voluntad del Gobierno Argentino para mantener su política.
Cuando la confianza falla (La crisis rusa contribuyó a minar la fé en las economías emergentes, aquí sí que tuvieron mala suerte los argentinos), el sistema se derrumba.
Cuando no hay confianza en el futuro de un país y su economía, es sólo una cuestión de tiempo que la población desee retirar su dinero, convertirlo en dólares, sacarlo del país o emigrar ellos mismos.
Nadie presta dinero porque no confía en recuperarlo y el Gobierno ha de buscarlo donde sea, tomándolo de los ahorros de los ciudadanos: el famoso corralito.
Como os podéis imaginar los argentinos ya estaban bastante calientes y desesperados a estas alturas.
Por otro lado la tasa de desempleo se disparó en estos años del Gobierno de De la Rúa:
Cuando la ineficiencia de las empresas públicas y privadas se empezó a combatir y aumentó la productividad, se redujo el número de empleados. Quedó claro que el sector público era un absorbente del paro, contratándose a costa del Estado a mucha gente que no hacía nada.
Se redujeron las plantillas como digo, pero la economía y el mercado laboral no podían absorber a esos trabajadores en otras actividades al estar estancados y arrastrar los problemas estructurales que ya comentamos.
Hubo por tanto una explosión de paro y economía sumergida
El paro trajo a su vez un incremento brutal de los niveles de pobreza.
Todo este malestar, estos problemas, hicieron hervir la olla hasta que explotó en Diciembre de 2001 con los disturbios en los que 26 personas murieron y el Presidente De la Rúa tuvo que huir de la Casa Rosada en helicóptero.
Argentina había tocado fondo
